El proceso de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) está en marcha y el Senado ha decidido incluir a las universidades y juristas en el debate. El presidente del Senado, Diego Ávila, subrayó la importancia de la participación académica no solo en temas universitarios, sino también en cuestiones de justicia y autonomías.
Ávila mencionó que se invitará a constitucionalistas al diálogo, citando al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé como un posible participante. Asimismo, hizo hincapié en que los derechos fundamentales no se modificarán, estableciendo que cualquier cambio en esa área solo se haría con el objetivo de ampliarlos.
El artículo 411 de la CPE establece que cualquier cambio que afecte los derechos y garantías requiere una reforma total a través de una Asamblea Constituyente. Para reformas parciales, se necesita la iniciativa popular con el respaldo del 20% del electorado o la aprobación de dos tercios de la Asamblea, lo que también implica un referéndum.
Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, enfatizó que la Constitución es un marco esencial para la convivencia democrática y que cualquier modificación debe apegarse a sus propias reglas. Aclaró que la competencia para la reforma corresponde a la Asamblea Legislativa en su conjunto.
Paralelamente, la Comisión de Constitución de Diputados ha retomado la discusión sobre la reforma judicial. Esta iniciativa propone un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, eliminar jueces provisorios y establecer una comisión para preseleccionar candidatos a cargos clave, entre otros cambios.
Del Granado destacó que reformar el sistema judicial es una necesidad para consolidar la democracia en el país. También, junto a otros legisladores, se ha manifestado la urgencia de abordar la crisis en la administración de justicia en Bolivia.
Además, se están considerando propuestas para modificar aspectos económicos y judiciales, con el objetivo de regular ciertas disposiciones de la CPE a través de leyes posteriores, así como ajustes en inversiones y resolución de conflictos.
"La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y consolidación", afirmo Juan Del Granado.
