Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, ha manifestado dudas sobre la legitimidad de las recientes detenciones del exfiscal general Roger Mariaca y del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. También criticó las intervenciones realizadas en diferentes oficinas de la Fiscalía en varias regiones del país.
Justiniano ha planteado la necesidad de aclarar qué orden autorizó la aprehensión de Mariaca, subrayando que este aspecto es crucial para determinar la legalidad del operativo. Sostuvo que estos hechos constituyen una vulneración de la Constitución Política del Estado y ponen en riesgo la seguridad jurídica en el país.
El exministro también cuestionó la justificación de las aprehensiones, argumentando que para llevar a cabo una acción directa debe existir flagrancia, es decir, el delito debe estar cometiéndose en el momento de la detención.
Justiniano expresó su preocupación por la utilización de las declaraciones del narcotraficante Sebastián Marset como base de las investigaciones, considerando que las afirmaciones de un imputado deberían ser evaluadas en el contexto de un proceso judicial y no servir como único fundamento para operaciones de esta magnitud.
A su juicio, las acciones del Gobierno tras las detenciones reflejan una disputa de poder, especialmente porque Mariaca estaba investigando a personas cercanas al entorno presidencial. "Esto es una pugna de poder. El entorno presidencial ha dado un primer golpe" dijo Justiniano.
El exministro sugirió que, si el Gobierno tenía información sobre presuntos delitos cometidos por autoridades del Ministerio Público, debería haber seguido los procedimientos legales pertinentes. "Si no se respeta el orden constitucional, se ponen en riesgo los derechos en Bolivia" agregó.
Añadió que la situación jurídica de Mariaca debería ser clara, ya que él continuaría en su cargo hasta que se sigan los procesos establecidos para su posible suspensión y destitución. Justiniano concluyó que los allanamientos en las oficinas de la Fiscalía son ilegales y cuestionó la falta de información sobre qué autoridad judicial los autorizó.
Por último, Justiniano aclaró que sus comentarios no son una defensa de los implicados, sino un reclamo por la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica en el país.
