La reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ocurrida el 13 de marzo en Santa Cruz, ha reavivado el debate sobre la localización de los vehículos que fueron incautados durante los operativos policiales. Inicialmente, el Gobierno reportó que esta detención representó un impacto económico de aproximadamente 15 millones de dólares para la red criminal que lideraba Marset.
El comandante de la Policía en Santa Cruz, Edson Fernández, anunció que se está llevando a cabo una auditoría para determinar el paradero de estos vehículos y otros bienes confiscados en diferentes operativos relacionados con Marset. La controversia se intensificó con los cuestionamientos sobre cómo se han manejado estos activos después de su captura.
Entre los vehículos que se encontraban en la residencia de Marset en Las Palmas se hallaron un Mercedes-Benz AMG G 63 de 2025, con blindaje nivel 7, y una camioneta Toyota Hilux de 2022. Sin embargo, el empresario Samuel Doria Medina denunció que varios de estos lujosos vehículos fueron trasladados a La Paz sin que se aclarara el motivo ni el uso que se les daría.
"Si este asunto no se ha manejado de forma legal, los mismos cargos de peculado, cohecho pasivo y otros, que ahora cayeron sobre los policías, deben aplicarse a quienes tomaron estos vehículos".
Fernández también reiteró que todos los elementos incautados deben seguir un proceso específico y ser entregados a la entidad responsable de su administración. Además, se destacó que toda evidencia debe respetar una cadena de custodia adecuada.
Desde la captura de Marset, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que la red criminal sufrió una pérdida económica significativa. Aparte de vehículos, también se incautaron aeronaves operativas, inmuebles, armas de alto calibre y tecnología avanzada.
