El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el escándalo de la 'gasolina basura', reveló que el informe elaborado por este grupo identifica posibles responsabilidades en funcionarios de las administraciones de Luis Arce y de la actual gestión.
Este documento está programado para ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, donde se decidirá el futuro de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos de suministro.
Alarcón destacó que entre los mencionados en el informe figuran el expresidente Luis Arce Catacora, junto a exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como exejecutivos de YPFB, como Wilson Dorgathen. El legislador expresó que las evidencias apuntan a una responsabilidad compartida de ambas gestiones presidenciales en este asunto.
El diputado también manifestó que cualquier cambio o refutación a las conclusiones del informe debe ser fundamentado. Dirigiéndose a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, criticó su manejo del documento y sugirió que si decide ignorar sus hallazgos, debería explicar las razones de tal acción.
Uno de los puntos cruciales que menciona Alarcón es el contrato entre YPFB y la empresa Ditol, establecido durante la administración de Dorgathen. Este acuerdo, según explicó, sufrió cuatro modificaciones durante la gestión anterior y fue extendido por la actual administración mediante una quinta enmienda firmada el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se levantó la subvención a los combustibles.
El legislador cuestionó las razones que llevaron a la ampliación del contrato en vez de buscar nuevas opciones de abastecimiento, sugiriendo que la decisión podría haber contribuido a mantener el escándalo de la 'gasolina basura' vigente hasta el 30 de junio de 2026.
La importancia de este caso radica en su conexión con YPFB, la empresa estatal clave en el sector de hidrocarburos, y su impacto en el abastecimiento de combustibles, un factor crítico en la economía boliviana.
Alarcón también criticó el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció casi un mes sin atención desde su envío a la Presidencia de la Cámara Baja. Ahora, el documento debe ser evaluado por el pleno, donde se determinarán las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes, además de otras posibles acciones en el proceso de investigación.
Este caso resalta, una vez más, la necesidad de una gestión adecuada en los contratos de importación y suministro de combustibles, en un contexto donde los precios y la disponibilidad de gasolina y diésel impactan directamente en el transporte, la producción y el costo de vida de los bolivianos.
