Política 2 septiembre 2026 Por Marcelo Vaca

Intervención estatal de YPFB: un nuevo camino para la gestión de combustibles

El Gobierno de Bolivia ha implementado una intervención temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que durará hasta 180 días. Esta decisión responde a fallas detectadas en las operaciones de la empresa estatal, con el objetivo de optimizar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de combustibles.

La intervención está respaldada por el Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. En este decreto se establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, que será responsable de supervisar la gestión de YPFB durante el período de intervención.

Este plazo de intervención puede extenderse una vez más por 90 días, siempre que las razones que motivaron la intervención persistan, de acuerdo a lo que determine el Ministro de Hidrocarburos. Sin embargo, si las condiciones mejoran, la intervención podría finalizar antes del tiempo estipulado.

Objetivos de la intervención

  • Auditorías técnicas a la logística de combustibles para detectar contrabando y desvíos.
  • Priorizar áreas de comercialización y trazabilidad de carburantes.
  • Revisar procesos de importación y distribución.
  • Recomendar cambios y remociones en el personal si es necesario.

La Comisión estará conformada por representantes de varios ministerios, incluidos Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Estos miembros se encargarán de investigar y generar recomendaciones para mejorar la situación de YPFB.

Es importante señalar que la intervención no significa la eliminación de YPFB, ni la alteración de su estructura jurídica. Se busca mejorar sus operaciones y garantizar un servicio adecuado a la población, cumpliendo con la política de austeridad y sin demandar recursos adicionales del Tesoro General.

Además, se establece que el personal de YPFB debe colaborar con la Comisión, proporcionando información en los plazos requeridos, ya que el incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas o penales.

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