La administración de Rodrigo Paz está considerando la posibilidad de recortar otros subsidios estatales, además de eliminar el que se aplica a los combustibles. Esta revisión se enmarca dentro de los términos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los sectores bajo revisión se encuentra el energético, lo que podría afectar directamente los costos que deben afrontar tanto los hogares como las empresas.
El acuerdo establece una estrategia de reducción progresiva de subsidios y del gasto público, buscando un ajuste fiscal. El propósito principal es la disminución del déficit del sector público, identificado como uno de los desafíos más críticos para la economía boliviana. Se prevé un ajuste fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
Uno de los aspectos más delicados del acuerdo se refiere a los combustibles. Según el memorando, durante el año 2026 los precios internos se mantendrán, sin embargo, desde enero de 2027 deberán ajustarse hacia niveles que recuperen los costos, y el Presupuesto General del Estado para esa gestión no considerará recursos para subsidiarlos.
El alcance del acuerdo trasciende el ámbito de la gasolina y el diésel. También se contempla la eliminación progresiva de controles de precios, que afectará a alimentos y energía, así como la racionalización de la inversión pública y la reestructuración de empresas estatales que no se mantengan financieramente viables.
El Gobierno justifica estas medidas como parte de un programa de 36 meses enfocado en estabilizar las finanzas públicas. A través del acuerdo con el FMI, se espera un financiamiento aproximado de $us 1.900 millones, con la intención de atraer recursos adicionales de instituciones como el BID y la CAF.
La preocupación ahora se centra en cómo afectarán estas medidas a la población. Mientras el Gobierno intenta reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, la eliminación o reducción de estos mecanismos podría trasladar una mayor carga de costos reales de servicios como la energía hacia los consumidores y las empresas.
El acuerdo con el FMI ya no se limita a los subsidios de combustibles, sino que la revisión de otras subvenciones abre un nuevo escenario de ajustes que podría impactar directamente en la economía de los bolivianos.
