El Gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de enero de 2027. Esta decisión forma parte de un plan económico más amplio establecido con el organismo internacional.
Este acuerdo incluye una hoja de ruta de 36 meses, con un enfoque en la reducción del déficit fiscal. Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, se espera que Bolivia implemente un ajuste fiscal que represente alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, con la meta de lograr un déficit del 3,5% del PIB para el año 2029.
Durante el año 2026, los precios internos de los combustibles permanecerán sin cambios; sin embargo, el presupuesto del Estado para 2027 no incluirá partidas para subvenciones. Esto podría acarrear presiones inflacionarias y descontento social, por lo que el plan sugiere incrementar y dirigir los mecanismos de ayuda hacia los sectores más afectados.
La eliminación de la subvención no es una medida aislada. También se prevé la implementación de un tipo de cambio flexible, restricciones al financiamiento del Banco Central hacia el Estado, recortes en el gasto público, reestructuración de empresas estatales no viables y la reducción de controles de precios y limitaciones a las exportaciones.
El Gobierno ya había comenzado a reformar el esquema de precios de combustibles. El Decreto Supremo 5652 ha congelado hasta enero de 2027 el precio de la gasolina Especial a Bs 6,96 por litro y del diésel a Bs 9,80 por litro, aunque se ha establecido una fórmula que vincula estos precios a los costos internacionales y al tipo de cambio para el periodo posterior.
A partir de 2027, Bolivia enfrentará un nuevo modelo de precios para los combustibles, mientras el Gobierno lleva a cabo el ajuste acordado con el FMI, lo que marcará un cambio significativo en la política económica del país.
