El 24 de septiembre, en la Gobernación de Santa Cruz, representantes de ocho de las nueve gobernaciones de Bolivia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que se declaran en "estado de alerta". Esto se debe a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno central de los acuerdos establecidos en la Agenda 50/50, dando como plazo el 31 de octubre de 2026 para que se implementen las medidas prometidas.
El documento firmado en la sede cruceña destaca que la distribución equitativa de ingresos fiscales es fundamental para lograr una auténtica autonomía financiera en el país. Las gobernaciones han establecido exigencias económicas que deben ser atendidas de forma inmediata y gradual.
Demandas clave de las gobernaciones
- Transferencia del 15% de coparticipación tributaria
- Compensación por el incremento del diésel
- Devolución de fondos y freno a los débitos automáticos
- Activación del Fondo Fideicomiso (FAGOBOL)
Entre las demandas más relevantes se encuentra la exigencia de que se transfiera el 15% de coparticipación tributaria, según lo estipulado en la Ley N° 031. Este monto debe ser deducido de la administración del Estado central sin afectar los presupuestos de municipios, autonomías indígenas ni universidades públicas.
Además, las gobernaciones piden una compensación extraordinaria del Tesoro General de la Nación debido a los efectos negativos de la eliminación de la subvención al diésel, que impacta severamente en sus finanzas, así como la inclusión del precio real del combustible en los presupuestos del PGE 2027.
También instan a la Asamblea Legislativa a abrogar la Ley N° 767 para asegurar la devolución del 12% del IDH del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y que se suspendan los débitos automáticos en concepto de diplomas de bachiller y el pago del Bono Viático de Vacunación.
Por último, se acordó priorizar la tramitación de tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, que son la modificación de la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos, la Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica (Ley del 50/50) y la Ley Básica de Relaciones Internacionales para los Gobiernos Autónomos, resaltando que el proceso debe iniciarse sin demora.
