Gary Prado Arauz, abogado y analista, expresó que los cambios en el Ministerio Público generan una sensación de "esperanza" y sugirió la necesidad de una renovación institucional que restaure la confianza de la población y de los abogados en el sistema judicial.
Prado cuestionó la gestión del exfiscal general Róger Mariaca, señalando que durante su mandato se instauró un sistema de recaudación dentro del Ministerio Público. Según él, algunos fiscales estaban obligados a cumplir con cuotas mensuales que variaban entre 5.000 y 10.000 dólares.
"Era un secreto a voces que el sistema establecido por Mariaca había corrompido hasta el tuétano al Ministerio Público".
El abogado comentó que estas situaciones propiciaron que algunos funcionarios adoptaran prácticas de extorsión para alcanzar las cifras requeridas, deteriorando así la credibilidad de la Fiscalía. Los ciudadanos comenzaron a pensar que no solo era necesario tener la razón para acceder a la justicia, sino también contar con recursos económicos.
Prado Arauz consideró positiva la designación de José Armando Urioste Viera como fiscal general interino, describiéndolo como una persona con una conducta "intachable", a pesar de no conocerlo personalmente. Afirmó que este cambio representa un rayo de esperanza para una renovación limpia del Ministerio Público.
Sin embargo, advirtió que no es suficiente con cambiar a la máxima autoridad y que se necesita una transformación más amplia dentro de la estructura del Ministerio Público. "Se está cortando la cabeza de víbora, pero aún queda el cuerpo; entonces ahí se tiene que seguir trabajando", dijo.
Prado también mencionó la necesidad de destituir a fiscales que habrían estado involucrados en un esquema de corrupción, y abogó por la inclusión de funcionarios con experiencia que fueron marginados por no estar relacionados con estas prácticas.
En relación al exfiscal Marcelo Soza, Prado señaló que él habría recaudado más de cuatro millones de dólares en el marco de una investigación y denunció que había una red de intermediarios que contactaba a las personas citadas para solicitarles dinero a cambio de evitar problemas en el proceso.
Finalmente, Prado Arauz enfatizó la importancia de establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos y abogados denunciar de manera segura los actos de extorsión, asegurando que cada denuncia será escuchada y atendida adecuadamente. También abogó por el regreso a un sistema de meritocracia para las designaciones dentro del ámbito judicial, afirmando que es crucial para restaurar la confianza en la justicia boliviana.
"La meritocracia tiene que volver", concluyó Prado Arauz, subrayando la necesidad de una reforma profunda para fortalecer la independencia del sistema judicial en Bolivia.
