El 13 de agosto, en Guayaramerín, Bolivia y Brasil firmaron el acuerdo binacional Frontera Segura, destinado a combatir las bandas de narcotraficantes que operan en la frontera. Este pacto llega en un contexto de violencia, con diez asesinatos reportados en San Matías, Santa Cruz, en una semana, debido a las luchas entre grupos delincuenciales.
Las autoridades bolivianas vinculan estos crímenes a disputas territoriales entre las organizaciones brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando de la Capital, que han sido designadas como terroristas a nivel global por Estados Unidos.
El plan Frontera Segura incluye mejorar la colaboración y el intercambio de información entre las fuerzas policiales de ambos países. Tras la firma del acuerdo, se anunció el despliegue de más de 350 efectivos para garantizar el control en la zona fronteriza.
Pese a estas medidas, la violencia persiste. Apenas once días después del acuerdo, dos bolivianos fueron asesinados en Guayaramerín, uno de ellos recibiendo más de 40 disparos en plena calle. Ese mismo día, un brasileño también fue atacado en un barrio de Arroyo Concepción y falleció en un hospital brasileño.
Los informes de inteligencia revelan que entre 100 y 150 miembros de las mencionadas organizaciones criminales operan en Bolivia, con una fuerte presencia en el 67% de los municipios de la región amazónica, especialmente en Beni y Santa Cruz.
Este contexto ha llevado a que Bolivia sea considerada refugio para narcotraficantes de renombre internacional. Un caso notable es el del uruguayo Sebastián Marset, quien fue arrestado en Estados Unidos después de haber estado oculto en Santa Cruz, así como el de Lourival Máximo da Fonseca, detenido en febrero de 2024 después de residir clandestinamente en Bolivia durante años.
Las autoridades bolivianas enfrentan el gran desafío de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y evitar que el país se convierta en un "santuario" para el crimen organizado internacional.
