La Fiscalía General del Estado ha activado una investigación contra Evo Morales y Álvaro García Linera por presuntos delitos de asesinato, tortura y privación de libertad, todos relacionados con el operativo del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz. Esta denuncia fue presentada por algunos legisladores de la alianza Libre, quienes argumentan que ambos líderes tenían un papel decisivo en la toma de decisiones durante la intervención policial.
El caso ha resurgido tras las declaraciones de Morales en 2009, cuando afirmó haber dado "instrucciones precisas" al entonces vicepresidente para llevar a cabo la operación destinada a detener a un grupo señalado de separatismo. Los fiscales consideran que esta afirmación es clave para investigar la implicación de Morales en la cadena de decisiones, aunque aún no constituye una prueba concluyente de culpabilidad penal.
Durante el operativo fallecieron tres personas: Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, mientras que otros dos, Elöd Tóásó y Mario Tadić, fueron arrestados. En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando presuntas violaciones de derechos humanos durante la intervención.
Morales ha defendido sus acciones, argumentando que su objetivo era proteger la unidad territorial de Bolivia. Además, ha manifestado que está dispuesto a asumir su defensa legal si se inicia un juicio de responsabilidades en su contra. En este momento, la investigación apenas está comenzando y se necesita determinar si hay pruebas suficientes para avanzar en el proceso legal.
Por el momento, no existe una condena penal contra Evo Morales por los eventos ocurridos en el Hotel Las Américas, y el futuro del caso dependerá de las investigaciones que continúan en curso.
