La orden fue emitida por un fiscal de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, y se formalizó en la ciudad de Santa Cruz el miércoles 29 de julio.
La investigación se centra en una serie de delitos que incluyen alzamientos armados contra la seguridad del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Estas acciones se vinculan a las protestas y bloqueos que tuvieron lugar en diversas regiones de Bolivia, los cuales impactaron negativamente en el transporte, el abastecimiento y la economía del país durante más de un mes.
La Fiscalía busca determinar las responsabilidades de Morales en la organización y convocatoria de estas movilizaciones, así como las consecuencias generadas por las mismas.
Este proceso se enmarca dentro de las actuaciones iniciadas tras la denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre los próximos pasos en la investigación, que sigue su curso.
