Evo Morales, exmandatario boliviano, manifestó su desacuerdo con el gobierno actual liderado por Rodrigo Paz. Esto ocurrió después de que el fiscal general interino, José Armando Urioste, revelara que se contará con el apoyo de especialistas del "Escudo de las Américas" y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses para colaborar con el Ministerio Público del país.
En sus publicaciones en redes sociales, Morales acusó al Ejecutivo de someter la justicia nacional a intereses estadounidenses. Aseguró que la solicitud de ayuda al Escudo de las Américas por parte del fiscal Urioste es una señal clara de esta supuesta sumisión.
El exjefe de Estado también vinculó esta cooperación con las investigaciones que afectan al exfiscal general Roger Mariaca y al consultor argentino Fernando Cerimedo, aunque estas declaraciones son parte de una posición política más que evidencia concreta de intervención extranjera en el sistema judicial boliviano.
Por su parte, Urioste defendió la decisión de buscar apoyo externo, explicando que la Fiscalía enfrenta una crisis institucional y que esta colaboración con organismos internacionales es parte de los acuerdos que Bolivia ha establecido. El objetivo es recibir ayuda técnica para mejorar las investigaciones y limpiar el sistema de posibles irregularidades.
El fiscal aseguró que esta cooperación no implica ninguna lealtad hacia un país específico, indicando que su prioridad es la ley y la recuperación de la institucionalidad del Ministerio Público. Anotó: "No debemos lealtad a nadie (…) le debemos lealtad a la ley".
El anuncio de esta colaboración se da en un contexto de crisis a raíz de la aprehensión de Mariaca y las investigaciones en curso contra varios exfuncionarios de la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido transferencias de poderes judiciales a entidades estadounidenses; lo que se ha comunicado es la llegada de apoyo y asistencia técnica.
Un enfoque hacia la institucionalidad
La situación actual resalta la necesidad de fortalecer la estructura judicial boliviana en medio de un clima de tensiones políticas y acusaciones, donde la participación de organizaciones internacionales podría ser vista como un recurso estratégico para la recuperación de la confianza pública en la justicia.
