El gabinete del presidente Rodrigo Paz ha aprobado el Decreto Supremo 5706, que establece la lucha contra la corrupción como una "prioridad nacional del Estado". Esta normativa se centra en promover la integridad pública, mejorar la transparencia institucional y salvaguardar los recursos que son del interés estatal.
El documento tiene como meta asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, así como optimizar la respuesta del Estado ante situaciones que comprometan su integridad. Esto también busca consolidar la confianza del público en las instituciones.
Yamil García, quien ocupa el cargo de viceministro de Transparencia, ha sido designado como el nuevo "Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia". Esta figura tendrá un papel protagónico en la coordinación de esfuerzos en estas áreas dentro del Gobierno.
Entre las responsabilidades que se le otorgan a este viceministerio está la de llevar a cabo la vocería legal en temas relacionados con sus competencias, de acuerdo a lo estipulado en el decreto.
El Gobierno ha enfatizado que es crucial lograr en Bolivia un estado de "Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal", lo que implica fortalecer la operatividad y gestión del Viceministerio de Transparencia.
Entre las atribuciones de García se encuentra coordinar con diversas entidades del Estado y el sector privado para implementar políticas que promuevan la integridad pública y la lucha anticorrupción. También deberá establecer mecanismos para prevenir, detectar y gestionar riesgos de corrupción.
Además, estará facultado para realizar acciones inmediatas en las entidades públicas y mixtas donde el Estado tenga participación, con el objetivo de identificar y solicitar información relevante que debe ser entregada de manera obligatoria.
La normativa también señala que, en cumplimiento del principio de cooperación, el Viceministerio de Transparencia debe coordinar acciones con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción y proteger los recursos del Estado.
