La Embajada de Estados Unidos en La Paz emitió una clara advertencia sobre el uso de sanciones para aquellos funcionarios que, en cualquier país, utilicen sus posiciones para favorecer la corrupción y el narcotráfico. Este mensaje se enmarca dentro de un contexto más amplio de lucha contra la llamada "narco-política" en la región.
El comunicado subraya que legisladores, jueces y fiscales están en la mira de estas acciones, en caso de que haya pruebas que indiquen que han abusado de sus funciones para apoyar actividades criminales. Washington enfatizó: “Nadie está exento” de estas medidas.
Como referencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó la reciente sanción a siete exfuncionarios de Ecuador, que incluyen exjueces y un exlegislador, implicados en actos de corrupción conectados con grupos delictivos. Estos exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para favorecer a las redes narcoterroristas, resultando en prohibiciones de ingreso a EE.UU. para ellos y sus familias.
Esta advertencia se produce justo cuando Bolivia está fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia del país aprobó la extradición a Estados Unidos de Henry Richard Crespo Guzmán, un militar boliviano acusado de estar involucrado en el transporte y protección de cargamentos de cocaína desde Santa Cruz.
Washington dejó claro que su alcance es hemisférico, destacando que ni el cargo público ni la nacionalidad servirán de protección frente a las acciones contra aquellos que se valgan de su posición para favorecer el narcotráfico o la corrupción.
