Un informe difundido por Nova Press Bolivia ha revelado serias denuncias de irregularidades y favoritismos en la Contraloría General del Estado (CGE), durante la gestión interina de Sandra Quiroga Solano, quien fue nombrada por el presidente Rodrigo Paz a través del Decreto Supremo 5538, emitido el 3 de febrero de 2026. Las denuncias provienen de funcionarios que han solicitado anonimato por miedo a represalias.
Uno de los puntos más cuestionados es la elección de Patricia Elizabeth Arandia Quiroga como subcontralora de Servicios Legales. Se alega que su experiencia está más enfocada en tareas administrativas y se pone en duda su idoneidad técnica para ejercer el cargo. Además, se menciona una supuesta relación amorosa con Rubén Darío Cardozo Marañón, exsubcontralor general que ahora trabaja en el Ministerio de Gobierno, aunque estas afirmaciones no constituyen una prueba de nepotismo.
El artículo de Nova Press también sugiere que podría haber habido un uso indebido del sistema informático CONTROLEG, que gestiona registros de procesos legales y auditorías. Según los testimonios, este sistema pudo haber sido alterado para borrar información sobre casos pendientes que involucrarían a Rodrigo Paz, lo cual podría haber influido en su certificación como candidato presidencial en 2025. No se ha presentado evidencia judicial que valide estas acusaciones.
Asimismo, los denunciantes critican la administración de Cardozo en la CGE, mencionando problemas en los sistemas informáticos y en convenios académicos. También se hace hincapié en que varios funcionarios de la gestión anterior han sido reubicados en distintas entidades estatales, como el Ministerio de Gobierno, lo que genera suspicacias sobre posibles relaciones políticas en estas designaciones.
Hasta el momento, las denuncias hechas públicas por Nova Press no han sido confirmadas por fuentes judiciales independientes. La Contraloría ha reafirmado que Quiroga fue nombrada interinamente para asegurar la continuidad de la institución hasta que la Asamblea Legislativa designe un titular permanente. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de investigar estas denuncias y determinar si hubo alguna irregularidad o responsabilidades involucradas.
