La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha puesto en marcha una vigilancia activa ante las amenazas de muerte que enfrenta Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap). Estas amenazas provienen de su firme oposición a la minería ilegal en el río Madre de Dios.
La Defensoría se comprometió a hacer un seguimiento riguroso a las acciones de la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana y otros organismos pertinentes, con el objetivo de identificar a los responsables de estas amenazas. Asimismo, hizo un llamado a dichas entidades para que actúen de manera diligente y garanticen la protección de Fernández.
Fernández ha denunciado públicamente la extracción ilegal de oro y ha promovido la eliminación de las balsas utilizadas en esta actividad. Según el directorio de la Central Indígena de Pueblos del Oriente (Cidob), las amenazas están vinculadas a su demanda ambiental en defensa de las comunidades perjudicadas por la minería en la región.
En diciembre de 2025, el Tribunal Agroambiental había ordenado la suspensión de la minería ilegal en el río Madre de Dios y la anulación de concesiones mineras que no cumplan con los procesos de consulta previa, libre e informada. La Defensoría resaltó esta acción como un avance en la protección de los derechos indígenas.
El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) ha reclamado por el incumplimiento de estas decisiones judiciales por parte del Estado. Ante esta situación, los pueblos originarios de la Amazonía de Pando han decidido tomar medidas para proteger su territorio de las cooperativas mineras que operan a lo largo del río.
Recientemente, Javier Fernández fue convocado por la Fiscalía de Pando para presentar evidencia sobre la contaminación del río Madre de Dios, generada por el uso de mercurio en la minería. La Defensoría del Pueblo manifestará un monitoreo constante para asegurar que se respeten las garantías del debido proceso y la protección de quienes defienden el medio ambiente.
La Defensoría expresó su "profunda preocupación" por las amenazas recibidas por Fernández y su familia, afirmando que el trabajo de los líderes indígenas es crucial para salvaguardar el patrimonio natural de la Amazonía. Además, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.
Con este pronunciamiento, la Defensoría vigila la respuesta gubernamental ante las agresiones hacia defensores del medio ambiente y busca identificar a quienes atentan contra el liderazgo indígena, evaluando la capacidad del sistema judicial para aplicar las resoluciones ambientales vigentes.
