El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil anunció que una jueza ecuatoriana consultará a la Corte Constitucional sobre la legalidad de la restricción de visitas familiares impuesta en la Cárcel del Encuentro, inaugurada en noviembre de 2022 por el gobierno de Daniel Noboa.
Esta acción se originó cuando el 24 de agosto, el CDH y familiares de los internos presentaron una solicitud de protección, demandando al Gobierno la posibilidad de comunicarse y visitar a los reclusos, quienes no han podido recibir visitas ni llamadas desde su traslado a esta prisión.
Los denunciantes afirmaron que habían presentado múltiples recursos judiciales para acceder a estos derechos, los cuales han sido sistemáticamente rechazados. A partir de esta situación, la jueza consideró que la restricción podría ser incompatible con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Normativa y su impacto sobre las visitas
Según el CDH, la restricción se aplicó durante meses sin una normativa clara que la justificara. Sin embargo, el 12 de septiembre, el Ministerio del Interior emitió un reglamento que limita las visitas familiares a aquellos considerados de "riesgo alto", quienes están en este "régimen penitenciario especial".
El reglamento establece que las visitas presenciales y telemáticas son, en general, restringidas y solo se podrán autorizar excepcionalmente bajo circunstancias graves y debidamente justificadas. El CDH argumenta que esta nueva normativa no corrige las vulneraciones previas y plantea la pregunta de si una regulación puede anular el derecho a mantener contacto con la familia, un derecho constitucional.
Finalmente, la jueza decidió suspender los procedimientos mientras se consulta a la Corte Constitucional, destacando la importancia de proteger los derechos de los reclusos en el contexto de esta cárcel, que alberga no solo a criminales, sino también a figuras políticas como el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
