Las protestas organizadas por grupos cercanos a Evo Morales han recibido críticas, sobre todo de Guadalupe Cárdenas, ex representante de las esposas de Policías, en un contexto de estado de excepción y advertencias gubernamentales acerca de posibles bloqueos. Estos sectores se oponen a la reciente eliminación de la subvención al diésel y a varias disposiciones que afectan a las empresas estatales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que las investigaciones han revelado indicios sobre el origen de los fondos que habrían respaldado los 53 días de bloqueos ocurridos entre mayo y junio. El ministro también hizo referencia a posibles vínculos entre estas movilizaciones y estructuras criminales, aunque subrayó que estos alegatos requieren pruebas concretas.
Desde el Ministerio de Defensa, Ernesto Justiniano enfatizó que si bien las marchas pacíficas son permitidas, no se tolerarán bloqueos que interrumpan el libre tránsito, la distribución de alimentos y medicamentos, o que pongan en riesgo la seguridad de la población. Aseguró que cualquier intervención se llevará a cabo dentro del marco legal establecido.
Los cuestionamientos sobre estas movilizaciones incluyen acusaciones de agresiones hacia miembros de la policía en protestas anteriores. No obstante, la atribución de responsabilidades y el posible financiamiento irregular de estas manifestaciones deben ser respaldados por evidencia sólida y no se debe dar por ciertas las acusaciones antes de concluir las investigaciones.
A pesar de la controversia, los grupos afines a Morales continúan planeando su marcha hacia La Paz, aunque hasta el 12 de octubre no habían fijado una fecha concreta. La Policía ha anunciado que implementará controles en las carreteras y trabajará en coordinación con las Fuerzas Armadas para prevenir posibles conflictos y asegurar la libre circulación.
