El Gobierno de Bolivia mostró un video al Consejo Permanente de la OEA donde se afirmaba que un chofer había fallecido durante los bloqueos de mayo y junio. Sin embargo, esta información ya había sido refutada por Bolivia Verifica semanas antes, destacando que el conductor estaba vivo.
El material audiovisual fue presentado el 3 de septiembre de 2026 como parte de una exposición sobre los 53 días de bloqueos. En el video, se aseguraba que el chofer había muerto en su camión mientras estaba detenido en un punto de bloqueo, con imágenes de otros transportistas intentando abrir la cabina.
El 15 de junio, Bolivia Verifica había confirmado que el chofer estaba vivo. Se encontraron registros posteriores mostrando al hombre fuera del camión, y el autor del video explicó que el chofer había tenido problemas de salud, permaneciendo varias horas dentro de la cabina antes de salir. Además, se aclaró que el incidente ocurrió en la frontera de Desaguadero, en el lado peruano, y no en la ruta Oruro-El Alto como se había dicho.
Este dato se torna especialmente polémico al ser usado por el Gobierno para sustentar su narrativa sobre las consecuencias de los bloqueos. Durante la misma sesión, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionó que se registraron 22 muertes, de las cuales 19 eran de personas ajenas a las movilizaciones, además de pérdidas económicas que superan los Bs 14.000 millones y cerca de 250.000 empleos afectados.
El informe de la OEA sobre la crisis también reconoció la seriedad de las afectaciones y pidió proteger la vida y los servicios esenciales, al tiempo que recomendó continuar con las investigaciones sobre los actos de violencia. Asimismo, instó a ampliar el diálogo y respetar tanto el derecho a la protesta como los derechos de los demás.
La situación plantea interrogantes sobre cómo un dato previamente verificado como falso volvió a ser incluido en un material oficial destinado a un organismo internacional. Aunque este error no socava todas las denuncias del Gobierno sobre los bloqueos, sí genera dudas sobre la rigurosidad con la que se preparó la evidencia presentada ante la OEA.
