La Asamblea Legislativa Departamental del Beni decidió remitir el caso del asambleísta Carmelo Antelo Iriarte a la Comisión de Ética, tras conocerse un audio en el que utiliza expresiones como "adulones", "chupamazos" y "traicioneros" para referirse a otros funcionarios. Antelo, representante de Yacuma, se ha visto envuelto en esta controversia a raíz de la discusión sobre el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2026.
La grabación se volvió viral en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando una ola de críticas en un contexto donde Antelo había expresado su desacuerdo con la gestión del presupuesto departamental, acusando recortes en la fiscalización de los recursos destinados a las provincias.
La asambleísta Mariana Yasuko Espinoza, quien presentó la denuncia, comentó que las repercusiones del audio afectaron incluso a su familia, recibiendo insultos y llamadas amenazantes, y que su hija fue objeto de agresiones verbales tras la difusión del material.
Otra legisladora, María Fernanda Antelo Arteaga, también se mostró preocupada, mencionando que su hijo fue objeto de burlas en su entorno escolar debido a los términos utilizados por Antelo en el audio. Por su parte, el asambleísta Hugo Vargas Limalobo, de Mamoré, criticó el lenguaje empleado, aunque pidió que se considere el contexto de la controversia política en torno al POA.
La decisión de la Asamblea pone en manos de la Comisión de Ética la tarea de evaluar las circunstancias de la denuncia, el contenido del audio y los antecedentes del caso, para determinar si se aplicarán sanciones según lo estipulado en el reglamento interno de la institución. Este conflicto revela tensiones no solo por el presupuesto, sino también por el estilo de comunicación entre los representantes electos.
