Un grupo de empresarios vinculados a la minería de oro en San Simón, Beni, ha denunciado una supuesta intervención del Ministerio Público de Trinidad en un conflicto legal que, según ellos, se utiliza para beneficiar a Juan Carlos Contreras Fernández, su antiguo socio.
Los empresarios afirman que se han iniciado procesos y denuncias que consideran son fabricadas, con el propósito de presionarles y reclamar la concesión minera de San Simón, en la que han invertido más de 70 millones de dólares a lo largo de aproximadamente 20 años.
La situación también involucra a los comunarios de la región, quienes están siendo investigados por un presunto allanamiento de morada tras recuperar tierras que, según la denuncia, habían sido ocupadas irregularmente.
Los empresarios critican las acciones del Ministerio Público y piden que se detengan las medidas que consideran están diseñadas para coaccionarlos y vulnerar sus derechos sobre la concesión minera.
Además, solicitan a las autoridades que se respete el debido proceso y se permita que el conflicto se resuelva de acuerdo con las pautas legales establecidas. Las acusaciones formuladas por los empresarios serán objeto de análisis en las correspondientes investigaciones y procedimientos judiciales.
