El reciente anuncio sobre el nuevo esquema de comercialización del diésel, que establece un precio de referencia de Bs 18 por litro para ciertos consumidores, ha generado inquietud entre los sectores productivos, quienes temen que esto incremente sus costos y afecte los precios de los alimentos en el mercado.
Stello Cochamanidis, líder cívico de Santa Cruz, ha cuestionado la distinción entre los sectores que podrán acceder al diésel a precio regulado y aquellos que tendrán que pagar el nuevo precio. Asegura que cualquier aumento en los costos de producción afectará directamente al consumidor final.
"Lo que vamos a pagar el precio lo vamos a hacer los ciudadanos, porque si sube el productor va a subir el alimento".
Una de las principales críticas se centra en la falta de claridad respecto a qué sectores se consideran grandes consumidores según el Decreto Supremo 5676. Cochamanidis ha solicitado una definición precisa sobre los criterios para determinar quiénes accederán al combustible a precio regulado.
El presidente del Comité pro Santa Cruz también ha señalado la incongruencia de que el transporte pesado mantenga precio regulado mientras otros sectores deben adaptarse al nuevo esquema de precios. En su opinión, la discusión debe enfocarse en cómo un incremento en la producción impactará toda la cadena económica.
Cochamanidis ha reconocido que el modelo actual de subsidios de combustibles necesita ser revisado, pero aseveró que las soluciones no deben crear desigualdades que perjudiquen a algunos sectores en favor de otros. Propone la búsqueda de alternativas que reduzcan las diferencias en los precios de los combustibles.
Además, ha criticado el rol de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sugiriendo una mayor apertura para la participación del sector privado en la importación y comercialización de combustibles. Esto podría incrementar la competencia y mejorar la oferta en el mercado nacional, según sus palabras.
Por último, Cochamanidis ha instado a revisar los mecanismos de control existentes para evitar el desvío de combustibles y contrabando, enfatizando la necesidad de fortalecer la fiscalización en el sector para garantizar un comercio justo y equitativo.
