La CEPB ha manifestado su preocupación por los efectos que un ajuste económico podría tener en la actividad productiva, comercial y de servicios, haciendo un llamado a proteger el empleo y a no aumentar las cargas sobre las pequeñas y medianas empresas.
La organización empresarial alertó que una mayor presión en regulaciones, impuestos, financiamiento o salarios podría resultar en el cierre de empresas, pérdida de empleos y reducción de la inversión. Por lo tanto, enfatizó que "la estabilidad de las empresas debe ser una prioridad nacional".
En su análisis sobre la situación económica actual, la CEPB también solicitó un plan de protección social que sea integral, inmediato y que esté enfocado en preservar el empleo, evitando así que las familias y los sectores más vulnerables sufran las consecuencias de la crisis.
La CEPB propuso que durante el año 2026 se prioricen modificaciones en las leyes relacionadas con Inversiones, Minería e Hidrocarburos, así como ajustes en el Código de Comercio y el Código Tributario.
De acuerdo con el pronunciamiento, Bolivia debe pasar rápidamente de la estabilización a la reactivación económica y del ajuste al crecimiento, lo que implica establecer normas claras, seguridad jurídica y estabilidad para atraer tanto capital nacional como extranjero.
La CEPB también subrayó que las reformas deben estar orientadas al desarrollo de sectores estratégicos que generen divisas, producción, empleo e ingresos para el Estado. Por lo tanto, instó a que las modificaciones se enfoquen en objetivos claros y eviten procesos largos o inciertos.
La Confederación reconoció la relevancia de las recientes acciones del Gobierno para estabilizar la economía, como la Ley 1765, que establece un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel, lo que ayudará a transparenciar los precios de los combustibles y combatir el contrabando.
Finalmente, la CEPB reafirmó su apoyo a las medidas que contribuyen a recuperar la estabilidad económica y fomentar un desarrollo sostenible, insistiendo en que esto requiere inversión, producción, creación de empleo y una relación fluida entre el Estado y el sector privado.
