El reciente escándalo en el sistema judicial de Bolivia se desató el lunes 28 de septiembre, luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. decidiera revocar los visados de casi 30 funcionarios latinoamericanos, entre los cuales se encontraba el fiscal Roger Mariaca, señalado por corrupción y vínculos con el narcotráfico.
La crisis judicial escaló rápidamente cuando, el 30 de septiembre, la Policía arrestó a Mariaca en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. Simultáneamente, se llevaron a cabo operativos en Sucre y otras áreas donde fueron capturados el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior Martín Irusta.
El 1 de octubre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la desarticulación de una organización criminal que se había infiltrado en el sistema judicial, liderada por Mariaca, que se dedicaba a proteger operaciones vinculadas al narcotráfico.
Un video que circuló en redes sociales mostró al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afirmando que Mariaca era su amigo, lo que incrementó la presión sobre las autoridades para actuar ante los crecientes cuestionamientos.
El 2 de octubre, el juzgado rechazó un pedido de libertad para los fiscales implicados, y la Asamblea Legislativa Plurinacional se reunió para abordar el caso de Mariaca. Esa noche, el fiscal fue destituido de su cargo y José Armando Urioste Viera fue elegido como nuevo Fiscal General interino.
Apenas un día después, en audiencia judicial, se determinó que Mariaca permanecería en prisión preventiva durante seis meses en el penal de Cantumarca, Potosí, bajo cargos relacionados con narcotráfico, al igual que Zeballos e Irusta.
Finalmente, el 4 de octubre, se decidió que Mariaca enfrentaría una segunda detención preventiva por legitimación de ganancias ilícitas, cerrando así una semana tumultuosa para el sistema judicial en Bolivia.
