Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, presentó la semana pasada un plan para la liberación anticipada de hasta el 50% de los aproximadamente 10.000 detenidos, a quienes el Gobierno clasifica como colaboradores ocasionales de pandillas, es decir, personas que no pertenecen a las estructuras criminales.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación de que esta medida pueda llevar a personas inocentes a declararse culpables para obtener su libertad. Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, destacó que los inocentes no deberían ser forzados a confesar delitos que no han cometido.
Liliana Urias, portavoz del Movimiento Madres por la Libertad, comentó que su familia, que incluye a su esposo e hijo detenidos desde 2022, nunca tuvo relación con pandillas y exigió que sus casos se cierren reconociendo su inocencia y no con condiciones que comprometan su libertad.
Salvador Ruiz, parte del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, afirmó que el plan de Bukele busca silenciar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que al declararse culpables, sus casos no podrían ser presentados ante instancias internacionales.
La organización Socorro Jurídico ha señalado que se estima que cerca de un tercio de los 93.000 detenidos en más de cuatro años de régimen de excepción podrían ser inocentes. Además, la Fiscalía informa que casi el 90% de los arrestados bajo este régimen todavía no han sido llevados ante un tribunal y permanecen incomunicados por años.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, cuestionó las facultades del Gobierno en cuanto a la liberación de detenidos, acusando a Bukele de exceder su autoridad. También hicieron un llamado al Estado para que indemnice a las personas que han sido detenidas de manera arbitraria y que se expliquen las más de 500 muertes ocurridas bajo custodia estatal.
A pesar de que la estrategia de Bukele contra las pandillas ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos y cuenta con un respaldo popular significativo, las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando casos de detenciones arbitrarias y abusos sistemáticos.
