La defensa de Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil, ha interpuesto una revisión criminal ante la Corte Suprema con el objetivo de anular su condena de 27 años de prisión domiciliaria, la cual está relacionada con un intento de golpe de Estado. La solicitud fue presentada el 25 de septiembre, según reportaron fuentes judiciales este jueves.
En esta nueva petición, además de la anulación de la condena, la defensa solicita la suspensión de la pena, lo que permitiría que Bolsonaro obtenga su libertad provisional mientras el tribunal evalúa el caso. Esta solicitud se suma a un intento previo realizado un día antes, el 24 de septiembre, que fue retirado horas después por desacuerdos dentro del equipo legal.
La petición de Bolsonaro fue dirigida al magistrado Kassio Nunes Marques, quien es parte del tribunal desde 2020, cuando fue nombrado durante el gobierno del propio Bolsonaro. Como base para su solicitud, la defensa ha presentado un informe técnico que señala la existencia de "diversas irregularidades" en la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas en su juicio, aunque no se afirma que los archivos hayan sido alterados.
Los abogados argumentan que no fue posible verificar de manera completa el origen y el procesamiento de ciertos datos, lo que limitó su capacidad de defensa. Entre las dudas planteadas se encuentra el manejo de los mensajes de la aplicación Signal que fueron extraídos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro.
El informe menciona que algunas conversaciones fueron grabadas a través de filmaciones de la pantalla en lugar de realizarse una extracción forense adecuada, y también critican la falta de acceso a los archivos originales del teléfono de Bolsonaro, lo que dificultó una auditoría exhaustiva de las pruebas.
La defensa de Bolsonaro también destaca que las controversias sobre el acceso a las evidencias se han intensificado a raíz de debates en el Supremo Tribunal Federal, que involucran al juez Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra en prisión por fraude. Los abogados mencionan que la validez de ciertas investigaciones ha sido cuestionada, sugiriendo irregularidades en los procedimientos.
Finalmente, los representantes legales del exmandatario sostienen que circunstancias similares a las de su caso también ocurrieron con investigaciones relacionadas con la difusión de información falsa, que sirvieron de base para las acusaciones de golpismo en su contra, sin que estas fueran sometidas al pleno de la corte en su momento, lo cual, argumentan, vulneró los reglamentos internos del Supremo.
