Bolivia ha establecido recientemente un marco normativo que facilita el desarrollo de un mercado de carbono. No obstante, los inversionistas que deseen financiar proyectos de carbono certificados por entidades como Verra o Gold Standard aún se enfrentan a interrogantes cruciales en cuanto a la seguridad jurídica para la comercialización de esos créditos en el país. Es necesario afinar más la regulación para responder a este desafío.
En menos de dos años, Bolivia logró superar una prohibición que durante más de diez años limitó el debate sobre la comercialización de funciones ambientales, establecida en la Ley No. 300. La Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0040/2024 fue un hito que permitió este avance, seguido por el Decreto Supremo No. 5264 y la Ley No. 1613, que crearon el Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP), gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Sin embargo, aún falta definir cómo se tratarán los créditos privados certificados internacionalmente.
La necesidad de homologar certificaciones internacionales
La homologación es fundamental para que el Estado reconozca que un estándar de certificación privado ya validado internacionalmente cumple con los criterios necesarios, permitiendo que los créditos generados se registren y comercialicen en Bolivia sin necesidad de pasar por un proceso de validación estatal adicional. Este enfoque ya ha sido exitoso en otros países que han atraído inversión privada en el sector.
Es un mito pensar que los bonos de carbono están limitados a proyectos de reforestación. En realidad, existen múltiples metodologías en estándares como Verra y Gold Standard, que incluyen desde la captura de metano en vertederos hasta la producción de energías renovables y el tratamiento de residuos. Para que Bolivia pueda atraer inversiones significativas, debe ampliar su normativa para incluir una variedad de proyectos que cumplan con criterios técnicos verificables.
Modelos exitosos como el de Colombia, donde se homologan estándares en lugar de certificar cada proyecto individualmente, y el de Paraguay, que permite inscripciones paralelas, son ejemplos que Bolivia podría considerar. Ambos utilizan registros que no limitan la certificación privada y resuelven de manera efectiva temas de trazabilidad y doble contabilidad, sin convertir al Estado en el negociador comercial.
Sin un mecanismo claro de homologación, Bolivia corre el riesgo de tener un marco regulatorio que no logrará atraer inversiones a gran escala. La confianza jurídica es esencial para que los financistas que deseen invertir en créditos de carbono en el país sientan que podrán operar con seguridad, evitando incertidumbres que podrían encarecer los proyectos y restar competitividad frente a otras naciones con normativas más claras.
En conclusión, Bolivia tiene la oportunidad de consolidar su mercado de carbono si logra establecer un marco que combine la seguridad jurídica y la homologación de estándares internacionales. Así se podría fomentar la llegada de capital privado y contribuir al desarrollo sostenible del país, evitando las complejidades que obstaculizan el avance en este sector.
