El gobierno de Estados Unidos, a través de su subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó el modelo de independencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Bolivia. En un mensaje publicado, Landau advirtió sobre el riesgo de que la independencia se convierta en irresponsabilidad y que las instituciones se politicen o se vean afectadas por la corrupción.
El comentario de Landau se dio en el contexto de la aprehensión del fiscal general, Róger Mariaca, quien fue detenido por la Policía bajo acusaciones de liderar una "organización criminal" vinculada al narcotráfico. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la FGE tiene la responsabilidad de representar a la sociedad y regula la designación del fiscal general por un periodo de seis años.
La CPE también garantiza la autonomía funcional, administrativa y financiera de la Fiscalía. Según el artículo 225, la institución debe defender la legalidad y actuar en interés de la sociedad. Sin embargo, Mariaca, quien fue aprehendido en "flagrancia", no puede ser juzgado en un tribunal ordinario debido a su estatus de privilegio constitucional, según la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades de Estado.
El gobierno boliviano no reconoció la designación de Luis Wagner Montaño como fiscal general interino y subrayó que la Asamblea Legislativa es la única instancia que puede elegir al nuevo fiscal. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que la decisión de Montaño de autoproclamarse como interino no tiene validez.
En respuesta a las críticas de Estados Unidos, el canciller Huanca agradeció el apoyo del gobierno de Trump, destacando la importancia de la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. "Sumamos esfuerzos para desarticular a organizaciones criminales que amenazan nuestra paz, economía y seguridad; y garantizamos la gobernanza democrática", escribió Huanca en Twitter.
