Los legisladores Carlos Alarcón, de Unidad, y Alejandro Medinaceli, del PDC, compartieron sus posturas en un reciente programa de UNITEL sobre el decreto que establece un precio diferenciado del diésel, dirigido a grandes consumidores. Esta normativa ha generado un amplio rechazo entre sectores agropecuarios, transportistas y comerciantes, quienes demandan su eliminación.
El gobierno, por su parte, ha manifestado que la norma no será derogada, aunque están dispuestos a considerar modificaciones. Sin embargo, las declaraciones de los ministros parecen ser contradictorias, lo que ha generado confusión entre los ciudadanos.
Medinaceli defendió la decisión del presidente Rodrigo Paz, argumentando que el país está atravesando una transición necesaria después de más de 20 años de precios congelados. Según él, esta medida busca sincerar la economía boliviana.
Alarcón, en cambio, considera que el debate sobre la modificación o anulación del decreto es falso, ya que cualquier cambio sustancial implicaría la creación de un nuevo decreto. Aseguró que los sectores afectados no aceptan la normativa en su forma actual y advirtió que mantenerla sin cambios significativos podría generar reacciones adversas similares a las que provocó la Ley 1720.
El diputado de Unidad también sugirió la necesidad de una "ley corta de reforma parcial a la Constitución" para eliminar el monopolio de YPFB en la comercialización de combustibles, ya que considera que esto es un obstáculo para la transformación de la entidad.
