Los abogados de Sebastián Marset han impugnado el registro de un teléfono celular que fue confiscado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En este contexto, solicitan a un juez federal en Estados Unidos que detenga el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno explique cómo obtuvo el control sobre él y cuáles fueron los procedimientos para la extracción de datos.
La solicitud fue presentada el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. En el documento, la defensa cuestiona las condiciones en las que se encontró el teléfono, la falta de documentación sobre su custodia y la legalidad del registro realizado por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según lo expuesto por los abogados, el teléfono fue enviado a la DEA por las autoridades bolivianas a mediados de abril, pero su existencia no fue comunicada a la defensa hasta finales de julio. La defensa sostiene que no hubo un informe adecuado sobre la cadena de custodia del dispositivo, lo que podría poner en entredicho la validez de la prueba.
Los letrados también mencionan que la DEA admitió haber extraído datos del celular sin una orden judicial, argumentando que no era necesaria porque Marset había consentido el registro de otros dispositivos previamente. Sin embargo, la defensa cuestiona si ese consentimiento es válido para el cuarto teléfono.
La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Marset utilizaba cuatro teléfonos para acceder a cuentas de criptomonedas que suman un total de 4 millones de dólares. No obstante, la defensa busca que el juez revise cómo se obtuvo y procesó la información antes de permitir que el celular sea utilizado como prueba en la investigación.
Esta impugnación se suma a otras acciones legales que la defensa ha presentado para desestimar cargos o excluir pruebas en el caso de Marset, quien fue arrestado el 13 de marzo de 2026 en Bolivia y luego extraditado a Estados Unidos. Enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo.
Mientras tanto, en Bolivia avanzan las investigaciones sobre posibles conexiones entre exfiscales, policías y Marset, así como la gestión de objetos hallados en sus propiedades. En este contexto, exfiscales y un policía han sido enviados a prisión por su presunta complicidad con el narcotraficante.
Las decisiones del juez Alston sobre las mociones de la defensa se esperan antes del 6 de noviembre, lo que podría influir en los cargos y pruebas que se mantendrán para el juicio programado para inicios de 2027. Aunque la impugnación ha generado revuelo, aún no se ha excluido la prueba ni se han anulado los cargos en su contra.
