En Santa Cruz, los diputados Gabriel Corvera, Khaline Moreno y Álvaro Casazola, de Unidad Nacional, junto a Claudia Herbas de Alianza Popular, manifestaron su descontento con el fiscal general interino, Armando Urioste, por su inacción en la investigación de audios que involucran al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y a la primera dama, María Elena Urquidi, a más de tres semanas de asumir el cargo.
Los audios, que han sido compartidos en redes sociales entre el 31 de agosto y el 26 de octubre, colocan a Cerimedo, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro, en una posición influyente dentro del Gobierno, interactuando con ministros, policías y legisladores, incluida Urquidi.
"Creo que nadie es intocable cuando se tiene que investigar", manifestó Herbas, argumentando que Urioste "no está haciendo su trabajo".
La diputada Herbas también señaló que existen grabaciones que implican al Estado y a YPFB, pidiendo que la Fiscalía inicie de inmediato una investigación sobre su contenido.
- Audios atribuidos al presidente Rodrigo Paz sobre el estado de excepción y acciones contra el Chapare (2 de septiembre).
- Grabación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre conflictos en San Julián y posibles detenciones (8 de septiembre).
- Audio de Erick Correa relacionado con identidades falsas para policías (18 de septiembre).
- Conversación sobre cobros irregulares y vuelos de avionetas con sustancias controladas (28 de septiembre).
Por su parte, la diputada Khaline Moreno enfatizó la necesidad de verificar la autenticidad de los audios antes de que el Legislativo emita un juicio sobre las implicaciones que puedan tener.
Además, Álvaro Casazola instó a Urioste a avanzar en las indagaciones que involucran tanto a Cerimedo como a otros funcionarios, y a aplicar las sanciones pertinentes si se demuestran responsabilidades.
La diputada Catherine Pinto advirtió sobre el riesgo que representa la difusión de los audios para futuras acciones judiciales, instando a que las pruebas sean obtenidas de manera lícita para su uso en los procesos judiciales.
Finalmente, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, desestimó los audios calificándolos como "chacota", afirmando que aún no había escuchado el último material difundido, pero mostró su escepticismo respecto a su relevancia.
