Seis alertas internacionales han precedido a la actual acción de Estados Unidos contra la corrupción en el sistema judicial boliviano. Estos señalamientos provienen de informes de la ONU y otros observatorios que resaltan la corrupción y la influencia de intereses políticos y criminales en el ámbito judicial.
Entre septiembre y octubre, Washington incluyó a 62 personas, junto a sus familias, en una lista de restricciones migratorias, de las cuales 16 son jueces y fiscales, actuales o anteriores, en el contexto de su estrategia para combatir el crimen organizado y la corrupción.
En junio de 2022, Diego García-Sayán, relator de la ONU sobre independencia judicial, expresó preocupaciones sobre la interferencia política y el mal uso de la detención preventiva en Bolivia. Tras su visita, comentó que el 47% de los jueces en el país eran transitorios y que la justicia enfrentaba problemas significativos de gestión y corrupción.
En diciembre de 2024, se publicó un informe que criticaba la falta de elecciones judiciales adecuadas y la prolongación de mandatos, lo que ponía en riesgo la independencia del sistema judicial. Además, se identificaron deficiencias en la manera en que se seleccionan a los magistrados.
El Índice Global de Crimen Organizado de noviembre de 2025 situó a Bolivia con un puntaje de 5,12 sobre 10 en criminalidad y 4,63 en resiliencia estatal, evidenciando una creciente infiltración de actores criminales en el Estado.
En octubre de 2026, la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, se reunió con autoridades bolivianas y destacó la necesidad de elegir jueces por mérito para evitar la presión política en sus nombramientos. Asimismo, se emitieron más restricciones migratorias, afectando a varios fiscales y jueces.
Las restricciones han reactivado propuestas para reformar la justicia en Bolivia. El rector de la Uagrm, Reinerio Vargas, sugirió la elección de fiscales por voto popular, mientras que el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, abogó por una reforma judicial que incluya la digitalización de expedientes y mayor control ciudadano.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció colaboraciones con el PNUD y el BID para impulsar iniciativas de digitalización y fortalecer la lucha contra la corrupción, enfatizando la importancia de evitar que la política interfiera en los cambios necesarios.
