Recientemente, Estados Unidos reveló una nueva lista de bolivianos con visas restringidas, abarcando a funcionarios y exfuncionarios de los Órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, especialmente aquellos relacionados con la seguridad y la investigación de delitos.
La lista incluye 15 personas, entre las que se encuentran los diputados Rafael López de Alianza Libre y Rolando Pacheco de Alianza Popular, así como Aldo Quezada, quien fue presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y renunció tras la publicación de la lista. También se menciona al juez Julio Nelson Alba y a varios exfiscales, incluyendo a Julio Porras y Diego Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El Gobierno ha enfatizado que no protegerá a nadie mencionado en la lista. José Luis Gálvez, vocero presidencial, afirmó que las investigaciones comenzaron antes de la divulgación de este documento y que las autoridades implicadas deberán responder ante la justicia si hay pruebas suficientes.
Reacciones en el ámbito judicial y legislativo
En respuesta a la situación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sugirió a Quezada y Alba que presenten su renuncia y cooperen con las investigaciones sin buscar privilegios. Quezada, efectivamente, renunció poco después a su puesto.
En el ámbito legislativo, el vicepresidente Edmand Lara solicitó que se investigue a los diputados mencionados y propuso remitir sus casos a la Comisión de Ética. Por su parte, López y Pacheco expresaron sus intenciones de esperar información oficial y declararon estar dispuestos a colaborar con cualquier indagación.
El Gobierno no va a dar ninguna protección ni blindaje para nadie.
La inclusión de Diego Barboza ha despertado inquietud, especialmente debido a su reciente salida de la UIF, lo que podría comprometer el acceso a información financiera sensible. Gálvez subrayó que la administración pública no debe ser un refugio para actividades ilícitas, reafirmando que todos deben rendir cuentas ante la justicia.
