El 22 de octubre de 2026, Aldo Ismael Quezada Cerruti renunció de manera irrevocable a su puesto como presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y a su función como vocal de la Sala Constitucional Segunda. Este anuncio fue formalizado a través de una carta dirigida a la Sala Plena del tribunal cruceño.
Quezada, en su carta, expresa: "Pongo a conocimiento de ustedes, señores vocales, mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, así como también mi renuncia al cargo de vocal de Sala Constitucional Segunda del mismo Tribunal". Este documento fue recibido por la Secretaría de Sala Plena durante la tarde del mismo día.
La decisión de renunciar se produce en un contexto complicado para Quezada, quien fue nombrado entre 15 bolivianos que enfrentan nuevas restricciones migratorias por parte de Estados Unidos. Cabe destacar que esta medida no implica una condena penal ni establece responsabilidades judiciales en Bolivia.
Entre los mencionados en la lista de restricciones se encuentra también el vocal Julio Nelson Alba Flores, quien pertenece al mismo tribunal que Quezada. Este hecho ha suscitado reacciones en el ámbito judicial.
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hizo un llamado público recomendando que tanto Quezada como Alba se retiren de sus cargos y cooperen con las investigaciones correspondientes. Saucedo comentó que la medida de Estados Unidos refleja una falta de credibilidad en su capacidad para gestionar el órgano judicial departamental.
En este contexto, la situación de Quezada y su futuro dentro del sistema judicial boliviano se mantiene incierta, a la espera de que se desarrollen los eventos posteriores a su renuncia.
La renuncia de Quezada marca un nuevo capítulo en la administración del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que ha estado bajo el escrutinio público debido a las recientes decisiones de la comunidad internacional.
