Familiares de menores que perdieron a sus madres a causa de feminicidios han alzado la voz para denunciar que la Ley 1680 solo contempla beneficios para 64 huérfanos, dejando fuera a más de 1.200 niños y adolescentes que también necesitan ayuda estatal.
La queja fue hecha pública este miércoles y pone en tela de juicio el alcance de la normativa y los criterios establecidos para determinar quiénes son los beneficiarios de estos apoyos.
Los familiares exigen que las autoridades revisen los requisitos de acceso a los beneficios, con el fin de garantizar un trato equitativo para todos los menores en situaciones similares.
La necesidad de una revisión profunda
Este reclamo también destaca la urgente necesidad de brindar protección económica, social y psicológica a todos los niños y adolescentes que han sido afectados por la violencia feminicida en el país.
Es esencial que el alcance de los beneficios y el número real de personas que podrían acceder se contrasten con la normativa vigente y los datos oficiales, ya que la denuncia de los familiares por sí sola no puede reemplazar una verificación exhaustiva.
"Solicitamos una revisión de las condiciones de acceso para evitar que menores en situaciones similares reciban un trato desigual".
