Carlos Romero, exministro de Gobierno, ha indicado que, tras la captura del uruguayo Sebastián Marset, se han contabilizado 35 homicidios vinculados al sicariato en Bolivia. El 80% de estos casos se han producido en Santa Cruz, donde las disputas por el control territorial han aumentado de manera alarmante.
Romero destaca que en el primer semestre de este año se reportaron solamente tres casos de sicariato, mientras que el resto de los asesinatos se han sucedido en el segundo semestre, que aún está en curso. Esta situación evidencia la creciente violencia en el país.
El exministro sostiene que la fragmentación de la organización de Marset, asociada al Primer Comando Capital (PCC), ha derivado en una lucha entre facciones. Estas pugnas por el liderazgo y el control territorial han contribuido a un aumento en los casos de sicariato.
Romero también menciona que los hechos violentos ocurridos en localidades como San Ignacio y San Matías parecen estar relacionados con los conflictos entre el PCC y el Comando Vermelho, mientras que en Santa Cruz de la Sierra se estarían dando ajustes de cuentas entre grupos criminales.
De los 35 asesinatos, el 60% de las víctimas son bolivianos y el 40% son brasileños. En cuanto a la edad, el 25% de las víctimas tiene entre 18 y 25 años, el 55% está en el rango de 25 a 40 años, y el resto son mayores de 45 años.
Los jóvenes serían los encargados de las tareas logísticas, mientras que aquellos de 25 a 40 años desempeñan roles de seguridad y contabilidad. Los mayores de 45 años suelen ser los líderes de estas organizaciones delictivas.
Romero concluye que la actual percepción de inseguridad es única en las últimas décadas, con un incremento notable en los casos de sicariato. Asegura que Bolivia se ha convertido en un punto crítico para diversas actividades ilícitas, lo que intensifica el enfrentamiento entre bandas.
En Bolivia se han incrementado las actividades del tráfico de drogas, oro y mercurio, lo que genera un ambiente propicio para el conflicto entre organizaciones criminales.
