Este martes, el exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, fue arrestado durante el juicio relacionado con la asonada militar del 26 de junio de 2024. Su detención ocurrió después de que Aguilera testificara en su defensa. Durante un receso del tribunal, se decidió que debía permanecer en arresto, aunque luego fue liberado, aclarando que esta medida era cautelar para asegurar su presencia en el proceso.
La situación de Aguilera se ha complicado en los últimos días, ya que la Fiscalía ha abierto una investigación en su contra por supuesta tortura y organización criminal, tras una denuncia presentada por la defensa del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quien está siendo juzgado por los incidentes de junio de 2024.
La acusación sugiere que hubo abusos durante las investigaciones y cuestiona el rol de Aguilera en su momento, cuando ocupaba altos cargos en el Ministerio de Gobierno y la Policía. Este arresto y la nueva investigación colocan a Aguilera en el centro de un proceso que también involucra a otras exautoridades del gobierno anterior.
A pesar de la detención, no hay pruebas que demuestren que el presidente Rodrigo Paz haya ordenado su arresto, ni que esto sea parte de una persecución política. La decisión fue tomada por un tribunal en el contexto de un proceso judicial y la investigación por presunta tortura fue iniciada por el Ministerio Público.
Perspectivas políticas inquietantes
Este caso plantea interrogantes sobre quiénes podrían ser las próximas exautoridades en ser investigadas por el nuevo gobierno. Recientemente, se ha intensificado la ofensiva judicial contra exfuncionarios, especialmente en torno a casos de narcotráfico, corrupción y los eventos del 26 de junio.
El Gobierno argumenta que estos procedimientos están destinados a establecer responsabilidades, mientras que sectores opositores y algunas exautoridades han denunciado que podría haber motivaciones políticas detrás de estas acciones.
