La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que autoriza la obtención de un crédito de $us 200,5 millones proveniente del Banco Mundial. Este dinero está destinado a apoyar diferentes programas de protección social en Bolivia.
El diputado José Luis Porcel, quien forma parte de la comisión, indicó que el proyecto fue discutido y aprobado en la jornada, y que ahora se enviará a la Cámara de Diputados para su evaluación legislativa.
Destinos de los recursos del crédito
Según lo explicado por Porcel, una porción de estos fondos se destinará a cubrir gastos del programa de transferencias sociales conocido como PEPE, además de reforzar otros beneficios dirigidos a sectores más desfavorecidos.
"Este financiamiento representa un alivio para las familias de bajos ingresos", destacó el legislador, quien también mencionó que entre los programas que se beneficiarán se encuentran la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy.
El programa PEPE fue diseñado como un mecanismo de asistencia económica para grupos vulnerables, incluyendo a quienes reciben el Bono Juana Azurduy y a adultos mayores que acceden a la Renta Dignidad sin tener un sistema de jubilación contributiva.
Condiciones del financiamiento
Porcel también mencionó que las condiciones del crédito incluyen una tasa de interés cercana al 5,2%, un plazo de 23 años para su amortización y un período de gracia de 14 años. "La tasa es bastante aceptable", afirmó el diputado al comentar sobre el financiamiento.
Durante la reunión, estuvo presente una representante del Banco Mundial, quien explicó las características del financiamiento y reafirmó el compromiso del organismo de seguir colaborando con Bolivia en el futuro.
El siguiente paso para el proyecto es su traslado al pleno de la Cámara de Diputados, donde se analizará su tratamiento. Porcel comentó que existe la opción de modificar la agenda para agilizar su discusión si se considera urgente, aunque la decisión final dependerá de la presidencia de la cámara baja.
Este financiamiento se suma a los esfuerzos del gobierno boliviano por mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, en un contexto donde los programas sociales son esenciales para el bienestar de muchas familias.
