La reciente imputación de 20 páginas ha destapado una compleja red de corrupción conocida como ‘red Roma’, nombre que proviene del acrónimo del exfiscal Róger Mariaca, quien se encuentra actualmente detenido. Esta estructura revela un sistema con roles bien definidos dentro de la Fiscalía y la Policía, donde algunos funcionarios desempeñaban funciones específicas y estaban involucrados en el tráfico de dinero destinado a sobornos y protección.
Entre los principales actores de esta red, destaca Róger Mariaca, quien ocupó el cargo de fiscal departamental de Santa Cruz y luego se convirtió en fiscal general. Desde esas posiciones, se le atribuye la capacidad de influir en investigaciones clave y gestionar recursos a cambio de sobornos, que, según la Fiscalía, podían alcanzar hasta $us 500.000 mensuales por ofrecer información privilegiada a delincuentes como Sebastián Marset.
Alberto Zeballos, quien reemplazó a Mariaca como fiscal en Santa Cruz, es mencionado como uno de sus colaboradores más cercanos. Su designación en una comisión especial para revisar casos relacionados con Marset refuerza las sospechas sobre su papel en la protección de criminales dentro del sistema judicial.
En un panorama similar, Martín Irusta fue nombrado fiscal superior por Mariaca, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. Este nombramiento, que se dio en medio de investigaciones previas por enriquecimiento ilícito, lo llevó a coordinar acciones en casos que no eran de su competencia, lo que añade más capas de complicidad a la estructura denunciada.
Fuera de la Fiscalía, el mayor Rubén Aparicio ha sido señalado como el encargado de transportar el dinero utilizado para coimas y sobornos, actuando como un enlace entre la red criminal y la Policía. Su implicación no es reciente, ya que en el pasado estuvo relacionado con el caso de Misael Nallar, acusado del asesinato de policías.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha indicado que la investigación ha detectado conexiones con otros sectores, lo que abre la posibilidad de que más personas estén involucradas en este esquema de corrupción.
A pesar de las acusaciones, Róger Mariaca ha rechazado las imputaciones, y su abogado ha calificado la situación como una persecución política, insistiendo en que las pruebas deben demostrar una relación directa con actos ilícitos.
