La senadora Tomasa Yarhui instó a que las investigaciones sobre Fernando Cerimedo, las 32 maletas que llegaron al país por el aeropuerto Viru Viru y el cargamento de 189 kilos de oro no se detengan. Esto surge en el contexto de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra el fiscal general, Roger Mariaca, y otros miembros del sistema judicial boliviano. "No queremos que se paralice", subrayó la legisladora.
Yarhui también sugirió la creación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa, integrada por senadores y diputados, para llevar a cabo las indagaciones sobre las acusaciones que llevaron a la suspensión de visas a Mariaca y otros funcionarios. En este sentido, propuso que los involucrados en las acusaciones estadounidenses se aparten temporalmente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.
Las indagaciones incluyen asuntos que aún carecen de esclarecimiento. En el caso de las 32 maletas, el Ministerio Público no ha dado a conocer su contenido, origen ni destino. Hasta ahora, se ha recuperado un total de cuatro valijas, según declaraciones de la Fiscalía en julio. Los principales investigados, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, se encuentran bajo detención domiciliaria.
En relación al oro incautado en Viru Viru, se trata de 77 lingotes que suman 189.5 kilos y tienen un valor superior a 20 millones de dólares. Adrián Lema Roca, quien fue el primer detenido por este caso, ha recuperado su libertad, mientras que la investigación sobre el origen y los propietarios de este cargamento sigue en curso.
Respecto a Cerimedo, la Fiscalía amplió en septiembre las indagaciones por enriquecimiento ilícito, incluyendo otros delitos como legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones y uso de documentos falsificados. El argentino ha sido citado a declarar en calidad de sindicado en este proceso.
La propuesta de Yarhui se enmarca en el debate que ha surgido en el Legislativo tras las acusaciones de Washington. La Asamblea Legislativa ha sido convocada para el 5 de octubre, con el propósito de analizar la situación de las autoridades judiciales mencionadas en los señalamientos de Estados Unidos.
