Durante el año 2026, San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, ha registrado un preocupante total de al menos diez homicidios, según informes de Bolivia Verifica y datos de la policía. Esta ola de violencia ha motivado al Gobierno a aumentar el despliegue de efectivos policiales, militares y fuerzas especiales en esta zona limítrofe.
Los incidentes más recientes ocurrieron entre el 13 y el 14 de septiembre, cuando cuatro individuos fueron asesinados en un período de menos de dos días. Dos de las víctimas fueron atacadas en plena madrugada dentro de sus hogares, mientras que las otras dos murieron en un segundo ataque al día siguiente. En una de estas situaciones, los agresores habrían utilizado una videollamada para asegurarse de que estaban atacando a la persona correcta.
Las autoridades policiales han informado que han identificado a siete sospechosos pertenecientes a una organización criminal relacionada con el Comando Vermelho, a quienes se les atribuyen estos crímenes en San Ignacio. El comandante policial, Adrián Álvarez, ha declarado que los asesinatos podrían estar relacionados con disputas entre grupos del narcotráfico, aunque estas conexiones son aún parte de la hipótesis de la investigación.
Como resultado de las investigaciones, se han detenido a seis brasileños y un adolescente boliviano, quienes enfrentan cargos de asesinato, organización criminal, asociación delictuosa y tráfico de armas. Los seis brasileños han sido enviados a prisión preventiva en Chonchocoro.
En respuesta a la creciente violencia, el Gobierno ha enviado unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F-10), además de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía a la región. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también anunció la creación de una nueva unidad policial especializada que se centrará en el corredor San Ignacio de Velasco-San Matías, equipada con tecnología avanzada y con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos.
Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de ordenar y ejecutar estos homicidios, así como las conexiones entre los diferentes casos de crímenes ocurridos durante el año. Hasta el momento, la policía ha señalado vínculos con organizaciones criminales brasileñas, aunque no existen sentencias que establezcan responsabilidades penales en relación con estos hechos.
