El 21 de septiembre de 2026, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota en Chile ordenó la suspensión temporal de la quema de madera boliviana que se sospecha está contaminada con drogas, a raíz de las solicitudes formales presentadas por la defensa de las empresas involucradas.
Este escándalo conocido como ‘narcomaderas’ se hizo público en junio de 2026, cuando se informó sobre el decomiso de aproximadamente mil toneladas de madera boliviana. Las autoridades chilenas afirmaron que estas cargas contenían trazas de sustancias ilegales, lo que generó una fuerte controversia entre ambos países.
La decisión de la fiscal regional Anatole Larrabeiti responde a las preocupaciones de los abogados de las 21 empresas madereras afectadas, quienes argumentan que es necesario realizar inspecciones exhaustivas de las mercancías antes de proceder a su destrucción. Temen que la quema de estas evidencias pueda eliminar pruebas cruciales para la defensa.
Las autoridades iniciaron el proceso de incineración el 3 de septiembre de 2026, comenzando por un contenedor de prueba. Sin embargo, la defensa ha pedido que se detengan las quemas hasta que se resuelvan sus inquietudes y se analicen adecuadamente los cargamentos.
El conflicto ha llevado a tensiones políticas y económicas en Bolivia. Personalidades como el expresidente Jorge Tuto Quiroga han instado al gobierno chileno a presentar evidencia sólida o retractarse públicamente de las acusaciones, señalando que la falta de pruebas concluyentes afecta la reputación y las exportaciones bolivianas.
