La administración de Estados Unidos ha revocado la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, señalándolo por presuntos actos de corrupción que favorecen al narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría utilizado su posición pública para aceptar sobornos que facilitarían las actividades del narcotráfico y ayudarían a criminales a evadir la justicia.
Esta decisión se enmarca dentro de una nueva estrategia migratoria de EE.UU. que busca limitar la entrada a su país de funcionarios de países latinoamericanos acusados de corrupción o de estar involucrados en el narcotráfico. En total, 12 bolivianos con visas vigentes han sido afectados, incluyendo a otros funcionarios como el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Campero.
Consecuencias de la revocación de la visa
El Departamento de Estado argumenta que las acciones de Mariaca amenazan los esfuerzos del presidente Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y afectan a las instituciones democráticas en las que Bolivia está trabajando a través de la iniciativa Escudo de las Américas. Además, la revocación de visa también se extiende a los familiares directos de Mariaca.
En respuesta a estas acusaciones, Mariaca rechazó las imputaciones, describiendo la decisión como un intento de presión política y una injerencia en los asuntos bolivianos. Desde Sucre, enfatizó que respeta la soberanía de EE.UU., pero también pidió el mismo respeto hacia la independencia de las instituciones de su país.
"Investigar no significa condenar".
Finalmente, el fiscal general defendió las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, incluyendo un caso vinculado al consultor argentino Fernando Cerimedo, y subrayó que las presiones, ya sean nacionales o internacionales, no detendrán el avance de estas investigaciones.
