El reciente Decreto Supremo 5727 ha llevado a algunos legisladores bolivianos a exigir el cierre inmediato de las empresas estatales que operan con déficit. Argumentan que estas entidades fueron creadas principalmente para favorecer a militantes del antiguo gobierno.
Alejandro Reyes, diputado, destacó ejemplos como la empresa dedicada a la producción de papas fritas y Quipus, sugiriendo que estas deben ser liquidadas. Según él, la existencia de estas empresas solo se justificó como un medio para otorgar empleos a personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El diputado Edgar Zegarra se mostró de acuerdo con la crítica, afirmando que muchas de estas entidades no han aportado ningún beneficio y han servido más a intereses personales que a la economía del país.
Julieta Jiménez, diputada, también se pronunció en contra de la prolongación de estas empresas, indicando que el cierre debió ser realizado hace tiempo, ya que su operación solo sigue drenando recursos del Estado.
Impacto del decreto en la economía boliviana
La implementación del Decreto Supremo 5727 prioriza la reestructuración y posible liquidación de empresas públicas, lo que podría tener un efecto considerable en la economía. Sin embargo, hay consenso en que entidades como Mi Teleférico y Boliviana de Aviación (BoA) son esenciales y no deben ser cerradas, ya que cumplen un rol fundamental para la población.
Antes de la medianoche del jueves, el Gobierno emitió el decreto que marca un hito en el proceso de reorganización del sector empresarial estatal, señalando la necesidad de revisar la viabilidad de las empresas públicas en el país.
