El 24 de septiembre, los gobernadores de diversas regiones de Bolivia se reunieron en Santa Cruz y decidieron entrar en estado de alerta ante la falta de respuesta del Gobierno. Este anunció un plazo hasta el 31 de octubre para abordar las inquietudes sobre el fin de la subvención al diésel y la redistribución de recursos en un esquema del 50-50.
Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, fue el encargado de comunicar las conclusiones de la reunión. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de que el Gobierno central cumpla con lo pactado en el documento presentado y se refirió a la importancia de iniciar la coparticipación tributaria con el Presupuesto General del Estado para 2027, asegurando que esto no perjudique los ingresos de las universidades y gobiernos municipales.
Velasco también resaltó que es crucial para los gobernadores que el acuerdo del 50-50, firmado el 5 de agosto en Chuquisaca, se implemente desde 2027. Además, destacó que los presupuestos para el año 2026 fueron elaborados con un precio del diésel fijado en 6,73 bolivianos por litro, pero tras un decreto reciente, se estableció un precio internacional que no se había previsto, generando un gasto adicional.
Las autoridades departamentales demandaron al Gobierno mecanismos compensatorios y modificaciones presupuestarias, así como asegurar la provisión necesaria para los servicios que prestan, especialmente en áreas como el mantenimiento de la red vial y la salud pública. Velasco indicó que es fundamental formalizar un acuerdo normativo que respalde la readecuación financiera de las entidades territoriales autónomas.
Por último, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que se autoricen modificaciones excepcionales en los presupuestos para cubrir el aumento de los costos de los combustibles, asegurando que estos gastos no afecten los límites operativos de las Gobernaciones.
