Política 19 septiembre 2026 Por Diego Peña

Velasco apoya la eliminación de la subvención al diésel, pero llama a proteger a los más vulnerables

Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, ha expresado su apoyo a la reciente decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención al diésel, argumentando que es crucial adoptar medidas económicas que aborden los problemas generados por años de precios subsidiados.

En sus redes sociales, Velasco destacó que "gobernar también significa tomar decisiones difíciles" y reconoció que estas acciones pueden afectar la popularidad del gobierno, pero deben ser consideradas desde una perspectiva a mediano y largo plazo.

El gobernador cuestionó el modelo actual de subsidios, que implica que el Estado compra combustibles a precios internacionales altos y los vende a precios más bajos, lo que ha ejercido presión en las finanzas públicas y ha generado distorsiones económicas.

"Nada es gratis, esto lo pagamos todos los bolivianos con la escasez y la inflación", afirmó Velasco, resaltando que es importante reflexionar sobre el impacto de estos subsidios en la economía nacional.

Impacto de la eliminación y medidas de apoyo

La decisión de eliminar la subvención al diésel fue anunciada por el presidente Paz, quien indicó que el precio del carburante se ajustará al costo internacional, lo que podría ser variable según las cotizaciones externas.

Paz justificó esta medida al señalar que el antiguo esquema era costoso para el Estado y estaba vinculado con problemas de abastecimiento y contrabando, añadiendo que se implementarán medidas de apoyo para las familias y sectores productivos con los recursos liberados.

Velasco subrayó que es fundamental establecer mecanismos que mitiguen el impacto de esta eliminación en el costo de vida, y propuso un apoyo focalizado al transporte público en lugar de mantener subsidios generalizados, utilizando tecnología para identificar a los beneficiarios y controlar los recursos.

Además, enfatizó que esta eliminación es parte de una reforma estructural que requiere una implementación ordenada y transparente para evitar efectos adversos en las familias bolivianas y generar condiciones más sostenibles para el país.

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