Durante un reciente debate en la Asamblea Legislativa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que Senkata, el Trópico de Cochabamba y diversas zonas de Santa Cruz son considerados los principales puntos de riesgo para futuras protestas y bloqueos.
Los informes de inteligencia indican que, tras el 18 de septiembre, podrían reactivarse movilizaciones en lugares como Senkata, San Julián, Yapacaní y el área del puente San Pablo, que conecta Santa Cruz con Beni. Oviedo también mencionó que habrían "activistas" provenientes del Trópico organizando acciones en otras regiones, aunque no ofreció detalles específicos sobre los grupos involucrados.
El Gobierno sustentó la prórroga del estado de excepción con 12 informes técnicos, de los cuales ocho provienen de la Policía y dos del Ministerio de Gobierno. También se incluyó un informe del Ministerio de Defensa y uno de las Fuerzas Armadas. Según Oviedo, estos informes catalogan múltiples amenazas y situaciones de emergencia vigentes en el país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, evaluó el nivel de riesgo como "muy alto" en Santa Cruz, "alto" en La Paz, El Alto y Cochabamba, y "medio-alto" en otros departamentos. Esta información fue clave para justificar la extensión del estado de excepción por otros 90 días, con el respaldo de 100 votos en la Asamblea.
El Ejecutivo argumenta que hay condiciones propicias para una nueva escalada de conflictos, aunque varios sectores sociales y legisladores critican la decisión de alargar la medida, sugiriendo que el Gobierno debería enfocarse en el diálogo y atender las demandas económicas y sociales de la población.
