El titular de la cartera de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para extender el estado de excepción vigente desde el 20 de junio. La propuesta se fundamenta en la posibilidad de una reactivación de bloqueos y movilizaciones que pondrían en riesgo el abastecimiento de servicios esenciales.
Durante su intervención, Oviedo enfatizó que los informes del Gobierno indican un posible impacto negativo en áreas críticas como combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno. Alertó sobre la existencia de situaciones de confrontación y daños que podrían saturar a las instituciones.
El ministro sustentó su solicitud con un total de 12 informes técnicos, de los cuales ocho fueron elaborados por el Comando General de la Policía, y otros provienen de los ministerios de Gobierno y Defensa. Las regiones que podrían enfrentar conflictos incluyen La Paz, El Alto, Cochabamba, el Trópico y varias áreas de Santa Cruz.
Oviedo recordó los 53 días de bloqueos que se vivieron entre mayo y junio, los cuales causaron severas interrupciones en la economía, el transporte y el suministro. Según el gobierno, las pérdidas económicas de este periodo superaron los 3.000 millones de dólares estadounidenses.
Con estos argumentos, el ministro solicitó a los asambleístas la autorización para la extensión del estado de excepción, argumentando que existe una clara ‘necesidad, idoneidad y proporcionalidad’ para mantener esta medida. La decisión de prorrogar o no el estado de excepción deberá ser tomada por la Asamblea Legislativa, en un contexto de posturas divididas entre las diferentes bancadas.
