Recientemente, se han hecho públicas acusaciones sobre cobros indebidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en relación con el suministro de diésel. Esta situación ha llevado a varios legisladores a calificar estos actos como corrupción y exigir una investigación inmediata. La diputada Lissa Claros, de Libre, expresó su preocupación afirmando que en el oriente del país hay funcionarios corruptos en YPFB, a los que se les permite actuar con impunidad.
El diputado Edgar Zegarra, también de Libre, exigió al Gobierno que aclare la situación dentro de la empresa estatal frente a estos serios reclamos, que incluyen denuncias de productores que aseguran que se les estaría cobrando 2 bolivianos más por cada litro de combustible. Zegarra cuestionó: "¿Hasta cuándo vamos a soportar estos actos de corrupción en YPFB?".
Desde la bancada de Unidad, se unieron a la demanda de investigación, señalando que es crucial identificar y sancionar a los empleados de YPFB involucrados en estos presuntos cobros adicionales por la distribución de diésel. "Es esencial que el Gobierno actúe y aprenda a los responsables de estas irregularidades", añadieron.
El vicepresidente Edmand Lara se pronunció sobre el tema, anunciando su intención de presentar una denuncia penal debido a las anomalías detectadas en la estatal petrolera. "Es inaceptable que se esté extorsionando a las gasolineras con cobros ilegales. Vamos a llevar a cabo una fiscalización exhaustiva", declaró Lara.
Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, alertó sobre el impacto económico de estos cobros, calculando que el monto podría ascender a 26 millones de bolivianos al día, lo que representa alrededor de 3 millones de dólares diarios en coimas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aseguró que ya se está llevando a cabo una investigación sobre estos hechos y prometió tomar medidas para desmantelar las redes de corrupción que afectan la calidad del combustible y su distribución.
En medio de la crisis de abastecimiento de diésel, un denunciante ha compartido un video en redes sociales, exponiendo que algunos exfuncionarios están condicionando la inclusión de empresas y agricultores en la lista de proveedores a un pago de 2 bolivianos, lo que agrava aún más la situación en torno a YPFB.
